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Continua la polémica por los incidentes ocurridos en la Legislatura

(29-8-14) El Frente Amplio Unen desmiente el comunicado del Compromiso Federal y éstos, a su vez, lo ratifican emitiendo un documento desde el Consejo Provincial de la Mujer
Durante la mañana del jueves, el Frente Amplio Unen emitió un comunicado de prensa donde manifiestan que la legisladora Marcela Renou no recibido una golpiza por parte del diputado Gabriel Muñoz como afirmaron medios periodísticos oficiales.

"Ya circulan videos que muestran lo sucedido. En ellos puede observarse que jamás fue ejercida una violencia como la descrita por los medios oficiales.", continua expresando el texto.-
"Es lamentable que el  Gobierno provincial a través de su aparato mediático, la Agencia de Noticias San Luis y El Diario De La República, manipulen, distorsionen y bastardeen  el concepto de violencia de género, con una operación política mediante la publicación de hechos que no son veraces.

Llama la atención que la presidente de la Cámara  de Diputados, Graciela Mazzarino, quien debe dirigir el debate entre los legisladores y el funcionamiento de la sesión, se haya prestado para firmar un comunicado que da una versión parcial y no veraz de lo sucedido. Son sus reiterados incumplimientos al reglamento y su incapacidad de dirigir la sesión los que permiten que se produzcan desbordes.", finaliza la gacetilla.-


Las féminas del oficialismo alzaron su bandera

Al mismo tiempo, la Agencia de Noticias San Luis publicó un documento redactado por el Consejo Provincial de la Mujer; órgano que integran -entre otras representantes provinciales- Sandra Correa, la esposa del Gobernador y Mabel Leyes, la cuestionada senadora del Dpto Belgrano.

"El pronunciamiento fue motivado por hechos sucedidos en la Provincia de San Luis en los últimos días", según dice el encabezado de la noticia publicada ayer en el portal oficial del Gobierno; aunque curiosamente en el documento citaron cómo ejemplo al caso puntual de la diputada Renou, quien protagonizara parte de la escandalosa trifulca en el recinto de diputados este miércoles. Sin embargo, las defensoras de los derechos de las mujeres no dijeron ni una sola palabra sobre Sara Alvida Carrizo, quien fuera internada en el Shock Room  (Terapia Intensiva) del Hospital San Luis, asistida con respirador artificial luego de recibir un violento ataque de su pareja. La mujer de 23 años fue intervenida quirúrgicamente la noche del lunes 25, por presentar lesiones en la zona abdominal, tras ingresar en la noche de ayer  al hospital San Luis en una ambulancia del SEMPRO. 

El documento emitido por el Consejo Provincial de la Mujer dice textual:

 “Los últimos brutales hechos sucedidos en la provincia, ponen en evidencia la necesidad de profundizar y articular las políticas existentes para erradicar la violencia de género de la que ninguna clase social está exenta.
La violencia de género es un problema público; excede la privacidad del espacio doméstico o del lugar en el que se manifieste, como los hechos de violencia de género que se protagonizan en los ámbitos laborales, ejemplo de ello: el protagonizado por el Diputado provincial radical Gabriel Muñoz contra la diputada Marcela Renou, en el seno mismo donde pretendemos y esperamos que se discuta el Protocolo sobre Violencia de Género que está elaborando el Consejo Provincial de la Mujer.
En ese contexto, la violencia de género se ha ejercido de manera histórica sobre las mujeres por el hecho de serlo y se encuentra arraigada en las matrices culturales de la sociedad; violencia es también la discriminación, la desvalorización y la subordinación que sufren las mujeres ante las diferentes maneras en las que se expresa el poder.
Es urgente que los medios de comunicación, actores políticos, sociales y económicos, judiciales con un rol importante en la construcción de valores, mitos y saberes aborden las noticias sobre femicidios desde los enfoques educativos de prevención, sensibilización y de derechos humanos.
La tasa de femicidios se sigue intensificando, y es por ello que todos debemos ser veedores e instrumento de la aplicación de la ley 26.485  “de detección, prevención y erradicación de la violencia de género”, a partir de un compromiso social que se funde en la protección no solo de la mujer, sino de las familias que padecen este mal.
Proteger, prevenir y procesar son obligaciones que definen de manera crítica el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, concepto que engloba la exigencia de una respuesta que se dirija a combatir todas sus formas, con todos los medios, respecto de todas sus dimensiones y en donde estemos todos involucrados.
Es por ello, que expresamos la preocupación ante los enormes problemas prácticos que existen para hacer efectivas acciones fijadas judicialmente a las víctimas de violencia de género frente a víctimas de otros delitos violentos.
Convocamos, que en acción conjunta los distintos espacios de poder representativo y social, aúnen esfuerzos para que la violencia de género desaparezca de nuestra sociedad. Decir basta a cualquier manifestación que implique violencia, e incitar al compromiso colectivo, efectivo e inclaudicable de todos los sectores sociales, ya que se trata de un grave atentado a los derechos humanos de la mujer y de la niña”.

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