Señalan que el Presupuesto 2015 así como leyes de presupuesto anteriores sancionadas por la Legislatura no cumplen con preceptos constitucionales porque establecen en sus articulados una delegación de facultades presupuestarias del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo provincial. El artículo 9 del Presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de todos los incrementos que haya, pudiendo establecer erogaciones a partir de esos recursos. A su vez el artículo 10 permite una reestructuración o una reasignación de las partidas presupuestarias sin límites en los montos que los puede disponer el Gobernador. Estas disposiciones exceden lo dispuesto en la Ley de Contabilidad provincial, que establece con precisión las variaciones que pueden darse en el presupuesto. Existe una diferencia en el cálculo de recursos del presupuesto y luego su ejecución donde hay recursos muy por encima de lo presupuestado y por eso permite que el Gobernador maneje discrecionalmente de una mayor cantidad de recursos. En el 2013 había una estimación inicial de 6530 millones de pesos en concepto de recursos de la Administración Central. Adicionalmente, fueron percibidos 786 millones de pesos, lo que constituye el 12,4% del presupuesto anual ejecutado que pudieron ser dispuestos discrecionalmente por el Gobernador sin ningún tipo de participación de la Legislatura provincial. “Consideramos que tal situación excede a una cuestión de cálculo, y convierte al presupuesto en una formalidad para darle superpoderes al Gobernador para gastar como él decida, en un vicio que se repite año tras año y que resulta en incumplimiento de obras prometidas”, señaló Alejandro Cacace.
“Este no es un presupuesto a medida de las necesidades de los sanluiseños”, agregó el diputado Juan Manuel Rigau.
Fuente: Prensa UNEN
